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BRILLANTE EDITORIAL EN EL BOLETÍN DEL FAPAS

NOTA

Acertado editorial del presidente del FAPAS sobre los grupos ecologistas y su dependencia de las subvenciones públicas.

Resumen:

Roberto Hartasánchez, presidente del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), ha escrito un magnífico editorial sobre la dependencia de las organizaciones para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente de las subvenciones públicas, y el consiguiente sometimiento a las administraciones. Roberto Hartasánchez cuestiona igualmente, en este contexto, la eficacia de los fondos LIFE y su utilidad para la conservación de la fauna silvestre. Igualmente, en  este artículo, ACUDE realiza un análisis más detallado  aportando su visión objetiva e independiente del problema.

Summary:

Roberto Hartasánchez, president of the Fund for the Protection of Wild Animals (FAPAS), has written a great editorial on the dependence of environmental groups on public subsidies, thereby subjecting administrations. Roberto Hartasánchez also questioned, in this context, the effectiveness of LIFE project funds and their usefulness for the conservation of wildlife.  Also in this article, ACUDE makes a more detailed analysis providing its independent and objective vision of the problem.

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Este editorial del Boletín año 2016 nº 1 aborda, con la valentía que caracteriza al presidente del FAPAS, una realidad que es frecuente en muchas comunidades españolas: la dependencia de la mayoría de organizaciones naturalistas, ecologistas o conservacionistas de las subvenciones de las administraciones, tanto autonómicas como del Estado o Europeas, y de otras entidades públicas.

Boletín del FAPAS:

http://www.fapas.es/boletines/impreso/boletin_fapas_2016_1.pdf

Los argumentos esgrimidos en el editorial, que en ACUDE compartimos plenamente, describen de forma resumida la triste situación de las entidades que se dedican a la conservación del medio, que se han convertido, en muchos casos, en organizaciones paragubernamentales, financiadas con dinero de todos los ciudadanos, y que han perdido su espíritu independiente y combativo ante los desmanes ambientales tolerados o promovidos por las propias administraciones.

Consideramos necesario realizar un análisis más detallado del problema, que podría ser en parte consecuencia del fracaso social de muchas entidades que no han logrado la proyección y un número de socios mínimo para ser independientes de cualquier administración o partido político, quedando muy condicionada su actividad para alcanzar sus fines estatutarios. Un ejemplo de esta afirmación: en la Región de Murcia el número de socios que pagan la cuota en la organización que más masa social podría tener no superaría el 0,003 % de la población regional total (que actualmente asciende a 1.467.000 habitantes), es decir, no tienen capacidad de convencer por lo que no reciben apoyo suficiente a la ciudadanía.

De ello tal vez solo se librarían algunas conocidas organizaciones de ámbito estatal o internacional que tienen suficiente número de socios para poder mantener cierto grado de independencia de los fondos públicos, como el mismo FAPAS, Greenpeace o Ecologistas en Acción, entre otras.

Además, se da la circunstancia de que muchos de los fondos públicos que reciben las organizaciones no se emplean adecuadamente, resultando en ocasiones contraproducentes o inútiles para la propia conservación de la fauna o los espacios naturales para los que van destinados.

A veces, las subvenciones concedidas por las administraciones a las organizaciones ambientalistas, solo sirven para financiar el ocio de los miembros de sus cúpulas directivas y demás allegados, y para sus arbitrarios antojos e “iluminaciones”, con fines muy alejados de prioridades de conservación.

En otros casos incluso se llegan a inventar necesidades para poder obtener fondos, convirtiéndose en auténticos “cazasubvenciones”, ideando proyectos de dudosa eficacia o interés para la naturaleza, mientras que los habitantes del medio natural y rural observan impotentes cómo se les restringen cada vez más algunos usos de sus propiedades (a veces por iniciativa de las mismas organizaciones) sin recibir compensación alguna y, sin embargo, ven cómo la financiación pública siempre se la llevan estas.

Está claro que a muchas asociaciones ecologistas mantener locales, barcos, vehículos, material inventariable diverso, fincas y demás propiedades les sale caro y para ello se necesita mucho dinero que a menudo suele salir de las arcas públicas, es decir, de los bolsillos de todos los ciudadanos, puesto que el número de socios reales que cotizan es tan bajo que con sus cuotas no pueden sostener los elevados gastos de sus organizaciones.

Para ACUDE, los bienes muebles o inmuebles propiedad de esas entidades, financiados con dinero público, deberían estar siempre a disposición de toda la población y no solo de la élite privilegiada de esas organizaciones o de unos pocos miembros.

La ciudadanía no entiende cómo entidades cuyo volumen de socios que pagan cuota es insignificante (aunque públicamente se inflen las cifras), pueden mantener esas infraestructuras tan costosas. Es obvio que en estos casos se pretende imitar a organizaciones mayores, teniendo sin embargo un soporte humano muy escaso y con unos proyectos con elevado grado de localismo y de falta de originalidad, lo que limita su proyección en un ámbito más amplio y conduce a una muy arriesgada dependencia de las administraciones o de otras entidades públicas.

Por otra parte, la falta de renovación en algunas organizaciones, en las que se enquistan auténticos “fósiles vivientes” que llevan décadas en la cúpula, puede ser consecuencia de un agudo sentido patrimonialista de los líderes que les lleva a sentir la asociación como algo de su propiedad (en ocasiones no solo la organización, sino también las especies y los espacios), llegando a creerse verdaderamente imprescindibles e insustituibles, sufriendo un excesivo afán de protagonismo que les provoca actitudes casi mesiánicas.

Esto a veces les lleva a creerse diferentes, como sujetos en posesión de la “verdad absoluta”, que imponen sus criterios al resto.

El llegar a considerar a la organización como un único fin en sí misma y no como un medio para alcanzar los fines estatuarios puede llegar a ser otra consecuencia negativa de ello.

En algunos casos, puede conducir a que las aficiones o caprichos particulares, enmascarados como proyectos de conservación, sean el único objetivo al servicio de unos pocos sujetos, que fuera de la asociación tendrían escaso protagonismo o proyección personal y por lo tanto nula presencia pública y en medios de comunicación.

En ACUDE consideramos muy grave el caso de aquellas organizaciones que, de vez en cuando, atacan a las administraciones con mucho ruido mediático pero que solicitan subvenciones a las mismas y colaboran con ellas estrechamente recibiendo cantidades importantes de fondos públicos. Este comportamiento inconsecuente nos parece a todas luces poco ético y muy reprochable, contribuyendo a crear una imagen muy negativa ante la opinión pública de quienes se dedican a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, fomentando la pérdida de motivación y el alejamiento del movimiento asociativo por parte de muchas personas responsables, desencantadas al ver cómo funcionan las cosas y cómo se utilizan los recursos que ingresan las organizaciones procedentes de sus impuestos.

Por otra parte, al calor de las convocatorias LIFE y otras subvenciones o ayudas europeas, podrían haber crecido diferentes “conseguidores”, bien conectados con el entramado administrativo-técnico-científico, asociativo, colegios profesionales, etc., que facilitarían la redacción de proyectos y la realización de trámites para conseguir los fondos.

El fenómeno incluso afectaría a algunas administraciones regionales y a otras entidades, igualmente públicas, que solicitan subvenciones europeas para algunos de sus programas medioambientales o/y de investigación, y cuya memoria económica, o simplemente de actividades, raramente puede consultar el ciudadano.

No debe permitirse bajo ningún concepto que los “conseguidores” puedan redactar o preparar proyectos para las administraciones, sin coste alguno previo, quedando pendientes de que sean objeto o no de adjudicaciones posteriores, porque ello vulnera el principio de la libre competencia, entre otros. Los redactores de proyectos deben de estar relacionados en los créditos de los mismos, de cara a que quede clara su potencial incompatibilidad posterior en la ejecución de los mismos.

Asimismo, la posibilidad de que los proyectos europeos se cofinancien con nóminas de funcionarios de las administraciones y entidades públicas nos parecería muy poco ortodoxo y por razones obvias no se debería permitir nunca.

Además, la general falta de continuidad de los proyectos LIFE es otro grave problema, puesto que las iniciativas que se financian con estos programas suelen requerir intervenciones a medio y largo plazo para verificar su efectividad y realizar las oportunas correcciones. Por ejemplo, piénsese simplemente en una repoblación forestal, que requiere un mínimo seguimiento de varios quinquenios de cara a su conversión en un auténtico bosque, con su flora y fauna características y usos propios. Es frecuente que cuando un proyecto LIFE termina o se dirige a su final, los promotores ya estén ideando otro diferente, con objetivos distintos, para seguir intentando conseguir fondos.

En ACUDE consideramos prioritaria y urgente la aprobación de ciertas incompatibilidades en las administraciones, para evitar conflictos de intereses entre trabajadores de instituciones públicas que a su vez formen parte de organizaciones no gubernamentales u otras. Es decir, estos funcionarios públicos no deberían tener cargos directivos en asociaciones para evitar ser arte y parte en los temas en los que ellos podrían intervenir o que fueran de su competencia laboral.

 

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Señal deteriorada del Proyecto LIFE-Naturaleza Conservación y Gestión del Águila Perdicera (Región de Murcia). Uno de los proyectos en los que participaban numerosos propietarios de fincas que fueron abandonados a su suerte por los responsables del proyecto cuando acabó la financiación del LIFE.

 

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Lamentable aspecto del cartel del LIFE para la corrección de tendidos eléctricos.

Con frecuencia los técnicos responsables de los proyectos lo abandonan todo cuando se acaba la financiación europea sin ofrecer alternativas que contemplen los propios presupuestos de la Administración Regional.

 

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Lamentable estado de un cartel del LIFE

 

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Cartel de la Oficina LIFE abandonado en su puerta.

En el marco del proyecto se crearon falsas expectativas a los habitantes del entorno sobre los beneficios del proyecto y la ZEPA de la Sierra de La Almenara, Cabo Cope y Las Moreras, que asistieron al total abandono de todas las instalaciones cuando se acabó el dinero de Europa.

 

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Detalle del cartel de la Oficina LIFE

 

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El Rio Segura es uno de los cursos de agua donde se están financiando acciones LIFE cuyos resultados y continuidad se comprobarán cuando se termine el dinero.

 

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El Mar Menor cuenta con numerosas figuras de protección aunque continúa degradándose día a día sin que se aborden políticas financieras ambientales adecuadas.

En  la actualidad, se ha creado una iniciativa privada, "Pacto por el Mar Menor", formada por organizaciones y personas destacadas de la ciencia y la conservación del medio, que aporta esperanza para la resolución de los problemas de esta laguna litoral.

 

 

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